El Supremo exige a Montoro que explique por qué dice que no se usó dinero público en el referéndum ilegal El juez Llarena advierte al ministro de Hacienda de que sus declaraciones contradicen las pruebas del caso 1699 Reyes Rincón Madrid 18 ABR 2018 - 21:50 CEST
Crtistóbal Montoro, en el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado miércoles.ULY MARTIN
El juez Pablo Llarena ha pedido al ministro de Hacienda que le aporte
datos que demuestren que la Generalitat no financió el referéndum del 1
de octubre con fondos públicos. El magistrado del Supremo exigió este
miércoles a Cristóbal Montoro que le facilite los detalles objetivos en los que basa su afirmación de que en la consulta independentista no se cometió malversación, uno de los delitos que atribuye a todos los miembros del anterior Govern.
Las
declaraciones del ministro de Hacienda por las que el juez Llarena pide
explicaciones se recogieron dentro de una entrevista publicada el
pasado lunes en El Mundo. “No sé con qué dinero se pagaron esas
urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont.
Pero sé que no con dinero público”, dijo el ministro, cuyo departamento
tomó a mediados de septiembre pasado el control de los pagos de
servicios esenciales y nóminas de la Generalitat para asegurarse de que
ninguno de ellos se destinaba al referéndum.
Justo el día que se publicaba la entrevista, el instructor de la
causa abierta en el Supremo contra los líderes independentistas
catalanes empezaba la ronda de declaraciones indagatorias a los
procesados que están en prisión preventiva. Y en sus comparecencias,
muchos de los procesados han rechazado el delito de malversación que se
les atribuye y para ello se han amparado en las declaraciones del ministro, como recuerda el propio Llarena en una resolución dictada este miércoles. En su escrito, el juez requiere a Montoro que le informe “a la mayor
brevedad posible” sobre los datos en los que basa su afirmación de que
en el referéndum ilegal del 1 de octubre no se emplearon fondos
públicos, unas declaraciones que, según Llarena, contradicen las pruebas
que figuran en la instrucción de la causa. Las palabras del titular de
Hacienda contrastan también con el hecho de que el ministerio esté
personado como acusación particular en la causa del Supremo a través de
la Abogacía del Estado al considerar que hay indicios de que se usó
irregularmente dinero público. Las manifestaciones de Montoro han salido a relucir en casi todas las
declaraciones de esta semana en el Supremo, sobre todo en las de los
procesados a los que se les atribuye el delito de malversación, como el
exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Josep Rull y Jordi
Turull. Los tres han negado ante Llarena que se cometiera ese delito y
como prueba de ello se han valido de las palabras de Montoro y han
advertido al juez de que el titular de Hacienda descarta el uso
irregular de dinero público. Ya antes de que Llarena pidiera explicaciones al ministro, la
acusación popular que ejerce Vox había mostrado su malestar por esas
afirmaciones por el espaldarazo que estas suponían para los procesados
por rebelión. Tras la comparecencia ayer en el Supremo del excandidato a
presidir la Generalitat Jordi Turull, que hizo referencia a las
palabras de Montoro, Vox sostuvo que, si los investigadores logran
probar que sí hubo malversación, el ministro debería dimitir, tanto por
sus declaraciones como por el “descontrol” de los fondos que tenía
encomendados. Recabar pruebas que demuestren el uso irregular del dinero público a
lo largo del procés, y especialmente en el referéndum ilegal de
independencia, se ha convertido en uno de los principales quebraderos de
cabeza de los investigadores. Llarena procesó a todos los miembros del
antiguo Govern por malversación (además de por rebelión) antes de que la
investigación para apuntalar este delito estuviera concluida y solo
unos días después de abrir una pieza secreta (que aún mantiene) para
reunir las pruebas del supuesto desvío de dinero cometido por la
Generalitat. En el auto de procesamiento el juez da por hecho que hubo
malversación y, de acuerdo con los informes remitidos por la Guardia
Civil, cifra en 1,6 millones el dinero supuestamente desviado para
preparar el referéndum, pero no precisa de qué partidas o departamentos
en concreto salió ese dinero. Transferencias a Bruselas Fuentes de la investigación señalan que de los gastos analizados solo
se han encontrado indicios claros de uso de dinero público en la
contratación de observadores internacionales porque hay transferencias
bancarias relacionadas con tres cuentas corrientes abiertas por la
delegación de Cataluña ante la Unió Europea, con sede en Bruselas, y
facturas por reservas de vuelo y alojamiento. En un reciente escrito
enviado a los jueces alemanes que deben decidir sobre la entrega de
Carles Puigdemont, el instructor alude a los informes policiales que
apuntan al uso de fondos públicos; y añade que, en la pieza secreta hay
nuevas evidencias. Los datos remitidos al juez por Hacienda, sin embargo, inciden en la
tesis expuesta por el ministro. La secretaria general de Financiación
Autonómica y Local del ministerio, Belén Navarro, también reiteró ayer
que en Cataluña “no ha habido dinero” del Fondo de Liquidez Autonómica o
de las entregas a cuenta por la financiación de esa comunidad “que no
haya ido destinado al pago de facturas de proveedores”. No obstante,
Navarro dejó en manos de la investigación judicial la constatación de si
esos pagos de facturas “no correspondieran a tal fin”.
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